Desde hace ya unos días se encuentra publicada la denominada Ley “Pedroza” de Cultura y Justicia Cívica, etiquetada así por su creador, el diputado del distrito 12 de Tepic, Rodolfo Pedroza Ramírez.

Según se describe, la ley contempla serias sanciones contra los vecinos que abusan con el ruido, al tirar la basura sin orden y que acumulan animales de compañía sin cuidarlos o de granja en una zona urbana, entre otros temas.

Al respecto, el diputado Rodolfo Pedroza Ramírez dijo en entrevista que “este documento legislativo contiene algunos artículos que nos van a permitir una mejor convivencia entre los ciudadanos, por ejemplo, una de las cosas que habíamos estado abanderando, el producir o causar ruidos que notoriamente atenten contra la tranquilidad o representen un posible riesgo a la salud de las personas, será sancionado ya de manera económica y con trabajo comunitario, o en su caso la cárcel”.

El legislador abundó en que la idea de esta ley es “generar cultura, y la cultura cívica tiene que ver con la convivencia en armonía, entre los vecinos, los ciudadanos, que empecemos a respetar los derechos de los demás, y que nos permita entender que esta ley es un instrumento que solamente sanciona a quien se porta mal”.

Subrayó que en los casos contemplados en la ley, las sanciones pueden ir desde trabajo comunitario, sanciones económicas a través de multas y hasta arrestos, en caso de reincidencia. Precisó que esta ley será trascendental debido a su carácter municipal pero de aplicación estatal.

Puntualizó que se van a atacar los temas de lotes baldíos, descuidados por mucho tiempo por sus dueños, quienes ahora deberán hacerse cargo responsable de los mismos; se va a sancionar a aquellos vecinos irresponsables que acostumbran dejar la basura en la calle sin respetar los horarios y rutas de recolección, animales domésticos en abandono y en sí, se trata de darle orden a la ciudad capital y al resto de los municipios de la entidad.

Pedroza Ramírez enfatizó la relevancia que tendrán los denominados “jueces cívicos” en cada Ayuntamiento, que se constituirán en la autoridad competente para revisar las denuncias que surjan de la ciudadanía, y de ahí se apliquen las sanciones respectivas según el caso.