De manera reiterada los profesionales de la medicina han hecho señalamientos en contra de las facultades supralegales que se le han otorgado al  Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), de las cuales no existe una plena rendición de cuentas, y mediante la cual se puede llegar a pagar más de 25 mil pesos por un proceso de certificación o recertificación, o que la especialidad de una médica o médico quede en entredicho cuando ha sido avalada por la DGP, dependiente de la SEP, y realizada en un centro médico debidamente acreditado, si es que la Conacem –una Asociación Civil– considera que los requisitos del Estado son insuficientes.

Tan solo en esta Legislatura, en un evento organizado por la Cámara de Diputados, se hizo un reclamo público ante la poca transparencia y el uso de recursos del Comité, encargado de certificar a cada uno de los 140 mil médicos que se dedican a esa labor, por encima de la Secretaría de Educación Pública y de la propia Dirección General de Profesiones.

Ante el nuevo paradigma de gobierno bajo el principio de austeridad, es imperativa la modificación del Marco Normativo Legal que haya generado o genere estructuras paralelas al gobierno con una clara visión de negocios por encima del fortalecimiento del Estado, expuso el senador Miguel Ángel Navarro.

Al modificar la Ley de salud se propone que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponderá a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.

Para la realización de todos los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de éstos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, que cumpla con los requisitos señalados en la ley y que cuente con cédula de médico especialista.

Por último, la expedición de la cédula de médico especialista será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones.