La creación de testigo social y el aumento de sanciones a contratistas que causen perjuicio o incumplan con la obra contemplan las reformas a la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit aprobadas por la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso local.
El testigo social, iniciativa del diputado Heriberto Castañeda Ulloa, se define como un mecanismo de participación ciudadana que interviene en los procedimientos de contratación pública, funge como representante de la sociedad civil y contribuye en los procesos de las etapas de contratación, vigilando que se realicen bajo los principios de transparencia y legalidad.
También los testigos sociales podrán proponer mejoras para el fortalecimiento de la transparencia, dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron y emitir testimonio al finalizar el procedimiento.
En la reforma se establece que podrá desempeñar esa función quien sea ciudadano mexicano, acredite que no persigue fines de lucro, no sea servidor público en activo, no haya sido sancionado en el servicio público y asista a los cursos de capacitación.
En la misma reforma se reconoce la creación de un padrón público de testigos sociales para construir una base de información que identifique a cada uno y a las obras en que intervienen.
Habrá participación de testigos sociales cuando las licitaciones públicas sean superiores a cien mil veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir 8 millones 449 mil pesos.
La reforma a los artículos 62 y 63 de la Ley de Obra Pública, presentada por el diputado Eduardo Lugo López, prevé el incremento de las multas económicas y restricción a los constructores para realizar obra pública; ante alguna mala actuación serán sancionados con más de 50 mil pesos y les será negada la participación en licitaciones de obra hasta por más de dos años.
