El encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASEN), Héctor Benítez Pineda, explicó que en su dependencia trabaja con personal con reconocida honestidad y transparencia y por ello la socialización de un gobierno íntegro, con ética, será plataforma para generar credibilidad sobre un cambio institucional con un gobierno más transparente y más eficiente con la rendición de cuentas respetiva.
Asimismo reconoció que en febrero se presentó al Congreso del Estado su informe con cifras que resultaron estratosféricas, que generaron morbo y expectativas entre la ciudadanía, como los mil 160 exservidores y servidores públicos como presuntos responsables de la comisión de irregularidades administrativas y mil 110 millones de pesos ejercidos de manera irregular.
Eso, en la firma del Convenio de Colaboración Institucional que se firmó con la Contraloría General del Estado, pudimos dar cuenta que más de mil 500 millones de pesos fueron observados por la Auditoría Superior de la federación y que nos dan casi 3 mil millones de pesos gastados de manera irregular en el gobierno anterior “que implica un porcentaje muy alto del presupuesto del Estado de Nayarit”.
Dijo que otro dato presentado es el de 22 denuncias ante la Fiscalía General de Nayarit y la Fiscalía Anticorrupción, “estos resultados nos desalientan y nos agravian como ciudadanos nayaritas, pero también nos denigran como servidores públicos. Hemos presentado ante el Congreso del Estado de conductas y acciones que atentan contra las actividades ciudadanas, cometidas precisamente por quienes fueron electos o designados para servirles.
“Esto nos resulta hasta cierto punto vergonzoso, ya que las cifras insultantes del desvío de recursos públicos, las conductas individuales y otras en forma de asociaciones delictuosas o coaliciones de servidores públicos, que hicieron daño a las instituciones y minan la credibilidad social en el gobierno”.
Benítez Pineda comentó que cada año la Auditoría Superior del Estado detecta de manera reiterada múltiples observaciones, recurrentes en su mayoría, de los sujetos fiscalizados, lo que deja en evidencia la necesidad de implementar una estrategia preventiva que utilice estas observaciones relevantes “con un área de oportunidad que permitan generar medidas de control que eviten esa reincidencia”.
Más adelante comentó que para la revisión del ejercicio 2018, que es el primer ejercicio completo de las actuales administraciones, hemos rediseñado la política pública en la Auditoría Superior privilegiando el aspecto preventivo antes que el correctivo “y para ello establecimos como líneas de acción en el programa anual de trabajo, coordinarnos con los órganos internos de control para las revisiones de auditoría.
“Para ello, previamente hemos realizado talleres de capacitación cuyo contenido está compuesto por las irregularidades más frecuentes que resultado en el trabajo de nuestros auditores, así como todos aquellos temas de interés de los propios de los entes revisados, porque si no cambiamos la manera de hacer las cosas, seguiremos obteniendo los mismos resultados.
“Es por ello que pretendemos lograr que la ASEN sea un instrumento de combate a la corrupción, que cada vez se requiera menos presupuesto, con base en que sean menos necesarias las revisiones por actos de corrupción y en cierto tiempo las auditorías desaparezcan tal y como las conocemos, por ello esperamos contribuir para que se ejecuten las políticas públicas en mejor ejercicio del presupuesto, con el fin de que haya mejor beneficio para el ciudadano”.
