La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Beatriz Manrique Guevara, aseguró que los incendios forestales registrados en la Ciudad de México y en todo el país se deben, en buena medida, a la caída del presupuesto en el sector ecológico.
En entrevista, sostuvo que en los últimos años el presupuesto ambiental suma una pérdida acumulada de 60 por ciento, y solo de 2018 a 2019 el recorte fue de 32 por ciento en el Ramo 16 del sector ambiental, y 42 por ciento del Anexo 16, que tiene que ver con mitigación y transición de los efectos de cambio climático.
No es posible que se inviertan 10 mil 400 millones de pesos para recuperar la industria carboeléctrica, mientas que a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) perdió mil 200 millones de presupuesto este año. Recordó que ese organismo es el encargado de comandar y coordinar el combate a los incendios forestales.
Al insistir en que la industria carboeléctrica es una de las más contaminantes del medio ambiente, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que el presupuesto que se canalizó a esa industria representa la tercera parte de todo el presupuesto que se encauzó al sector ambiental.
Subrayó que urge frenar la desforestación, particularmente en aquellos espacios con fuerte presión urbana, porque la mayoría de los incendios se provocan para lograr el cambio de uso de suelo e iniciar desarrollos urbanos, como es el caso del Bosque de Primavera en Guadalajara.
La legisladora ecologista abundó que lo mismo sucede en la zona conurbada de la Ciudad de México y del Estado de México, así como la Sierra Gorda de Guanajuato, zonas que tienen un valor ecológico muy importante.
Precisó que la poda ilegal en zonas urbanas se debe, fundamentalmente, a la impunidad, como es el caso del camellón ubicado en la calle Real de Mayorazgo, donde se derribaron 60 árboles, pero los desarrolladores prefieren ir a litigio jurídico ante tribunales administrativos.
Con esas acciones litigan la multa, lo que puede durar más de un año, es decir, le apuesta a la impunidad, y si les va bien ganan los juicios, de tal manera que se necesitan legislaciones más enérgicas y hacer del delito ambiental algo que difícilmente sea conmutable por cualquier otra acción jurídica.
