La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado presentó una iniciativa para que en caso de concesiones, contratos, convenios permisos o licitaciones, se publique la información sobre el acta constitutiva de la persona moral beneficiada con la decisión.
Ello, explicó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), a fin de poder constatar que no existe tráfico de influencia y conflicto de interés entre los actores involucrados.
Aseguró que la reforma obligará a las empresas que hayan ganado licitaciones gubernamentales a publicar el año de su creación, su giro comercial, domicilio fiscal y nombre de quiénes integran el Consejo de Administración o su equivalente.
Indicó que en los casos de proveedores y contratistas, de ser aprobada la propuesta, dichas empersas tendrían que publicar su domicilio fiscal y su Registro Federal de Constribuyentes (RFC).
En la exposición de motivos, dijo que la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en ejes estratégicos para el combate contra la corrupción, problemática que aqueja al país y que es un freno para su desarrollo, además de que la poca o nula falta de transparencia y rendición de cuentas genera descontento y desconfianza en la ciudadanía hacía sus representantes.
De la corrupción se desprende el soborno, actividad que tiene que vigilarse de manera detallada, pues en el país han ocurrido infinidad de casos de sobornos condicionados para obtener influencia, beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso el ejercicio del recurso público, anotó.
Expuso que uno de los principales elementos del soborno es por un lado el servidor público, y por el otro, la persona interesada en obtener una ventaja ilegal dentro de un proceso, una norma, decisión o resolución de ejercicio de recurso público.
Ello da paso al tráfico de influencias, que al menos puede ser considerada como una práctica moralmente objetable, donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial mediante contactos o conexiones con personas para obtener beneficios, expresó.
La senadora panista puntualizó que esta iniciativa ayudará a combatir los casos de desvíos de recursos en los que están involucradas empresas fantasma, la llamada “estafa maestra”, donde se desconoce el destino de siete mil 600 millones de pesos.
