Tras afirmar que las primeras horas son básicas en la búsqueda, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) llamaron a la población a denunciar de inmediato la no localización de mujeres y menores, a fin de activar rápidamente los Protocolos Alba y Ámbar.
Tras calificar de mito que se deba esperar 24, 36 ó 72 horas para denunciar o activar las alertas, los fiscales especializados Berenice Vázquez y Rodrigo Rosas reconocieron la importancia que debe existir entre los ayuntamientos y el estado para localizar a las personas.
Las aseveraciones las hicieron durante la reunión del Comité Técnico de Acompañamiento, en la que los 58 ayuntamientos y autoridades estatales establecieron compromisos de coordinación para mejorar la activación de los protocolos y sus acciones.
La fiscal especializada de Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la FGJE, Berenice Vázquez González, aclaró que el Protocolo Alba, mecanismo para la localización de mujeres, se activa tras la denuncia, lo mismo que el Ámbar para hallar a menores.
Reconoció la prioridad de que entre la población y los ayuntamientos se difunda la información de activación inmediata de los mecanismos y que “no se deben esperar 24, 36 ó 72 horas para poder dar aviso o asentar una denuncia de no localización de una mujer o menores de edad.
Por su parte, el fiscal especializado en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, Rodrigo Rosas, recordó que se tiene compromiso con las activaciones de las alertas y que hay convenios con medios de comunicación para repliquen las fichas tras ser emitidas por las autoridades.
Reconoció la coordinación que debe existir entre corporaciones policiales municipales; las secretarías de Seguridad Pública, de la Mujer, General de Gobierno y Salud; y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia.
Así como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, 11 Zona Militar, Policía Federal Preventiva, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección de Policía de Seguridad Vial.
