Para el presidente del Poder Judicial de Nayarit, magistrado Ismael González Parra, es un imperativo fortalecer las instituciones públicas para combatir la corrupción y la impunidad, lacerantes flagelos que no solo han llevado a la pérdida de la confianza colectiva en las autoridades, en las representaciones políticas y en la aplicación de la ley, sino también a la pérdida de los valores éticos y de solidaridad.
González Parra hizo tal pronunciamiento previo a la conferencia “Corrupción y reformas estructurales”, que en la sede judicial dictó la tarde de este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno federal, doctor Santiago Nieto Castillo. La misma fue organizada por dicha institución, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
El magistrado presidente agradeció en nombre del Poder Judicial “que sea éste el espacio para que nuestro ponente aborde el tema tan crucial de la corrupción, lo que sin duda alguna exhorta al análisis y a la autocrítica, para replantearnos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo”. Y puntualizó: “Nunca como ahora son tan pertinentes estos ejercicios de reflexión crítica, porque la corrupción y la impunidad no pueden ni deben ser consentidas de ningún modo”.
En el abarrotado auditorio Rey Nayar, González Parra dijo asimismo que “impulsar valores, prácticas y expresiones que conlleven a fortalecer la cultura de la legalidad y la transparencia es premisa básica para una sociedad informada y exigente de sus derechos, que haga posible la convivencia comunitaria en el marco de la ley, pues solo así —enfatizó— podemos alcanzar un auténtico Estado social de derecho”.
Este mismo lunes, integrantes de los Plenos del Poder Judicial de Nayarit, encabezados por el magistrado presidente, acudieron en la sede del Poder Ejecutivo estatal al acto de firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Aquí se refrendó el compromiso de los tres poderes del estado con las acciones de prevención y combate frontal a la corrupción, incluyendo la detección y seguimiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
