El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEN), Héctor Benítez Pineda, dio a conocer en su informe presentado ante la Comisión de Hacienda de la XXXII Legislatura, explicó que en los ayuntamientos se auditó el 42 por ciento; en los organismos públicos descentralizados el 41.36 por ciento; en los organismos descentralizados municipales se revisaron el 89 por ciento; en los organismos autónomos el 37 por ciento y en los fondos y fideicomisos el 52.85 por ciento.
Recordó que como se presentó en el Programa Anual de Auditorías, se revisaron 43 entes fiscalizables, los tres poderes, los 20 ayuntamientos, 14 organismos públicos descentralizados, un organismo público descentralizado que es el SIAPA Tepic, cuatro órganos autónomos y un fideicomiso.
Aceptó que para este programa de auditorías, dos ayuntamientos que por su conducta, por el manejo de sus recursos financieros, fueron exentados de la auditoría para el ejercicio fiscal 2018, lo cual es estimulante para los presidentes municipales el que se les reconozca el buen manejo de la normativa “de cualquier manera a los 20 ayuntamientos se les auditará la obra pública y solo se dejarán de auditar las finanzas”.
Como resultado del ejercicio fiscal 2017 por parte del área de auditoría de obra pública, se auditaron a lo largo de todo el estado 457 obras, 27 auditorías de obra pública, el área financiera realizó 41 auditorías y 13 auditorías para el desarrollo del desempeño, más 7 auditorías especiales y como resultado, pudimos encontrar 921 faltas administrativas de las cuales son de carácter resarcitorio 518 y 189 recomendaciones del área de desarrollo.
En este programa se encontraron mil 172 exservidores y servidores públicos que se encontraron con alguna responsabilidad y 158 empresas señaladas con alguna irregularidad, incluyendo algunas a las que podrían enderezarse denuncia penal. “Se encontraron 4 o 5 sanciones importantes, entre ellas la revisión de ejercicios anteriores en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y en el Patronato de la UAN”.
En cuanto a la asignación de obras, en Obras Públicas hay exservidores que debieron excusarse a participar porque tienen conflicto de intereses, entre ellos el Secretario, el Subsecretario y las dos direcciones de infraestructura y de construcción y mantenimiento, respectivamente. En nuestra investigación pudimos sustentar y documentar lo que presentamos, desde luego que es en el nivel presunción, ya que somos una instancia administrativa y no somos tribunales.
Benítez Pineda comentó que se encontraron indicios que les permiten establecer que en la asignación de esos contratos, presuntamente se cometieron diversas conductas delictivas y eso lo acreditamos con partidas de nacimiento, actas constitutivas de las empresas donde aparecen socios y exsocios, contratos de asignación de obras, nombramientos en los que los exfuncionarios fueron titulares de la dependencia y aprovechando sus cargos para favorecer a familiares, parientes y socios o exsocios, con dichas asignaciones.
Finalmente, dijo Benítez Pineda que entre las empresas está Terracerías y Caminos de Occidente, la que fue fundada por un extitular de Obras Públicas, quien asignó obras por 28.2 millones de pesos; GC3, S.A de C.V., a la que se le asignaron diversas obras por 141.5 millones de pesos y Urbanizaciones Jamaica, que fue constituida por la hermana del Director General de Construcción, a la que se le asignaron obras por un monto de 38.5 millones de pesos, estas empresas todas con conflicto de intereses entre el Ex secretario y Ex subsecretario de Obras Públicas.
