Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de reclamación que interpuso Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien impugnó la suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán, la cual evita la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
Muñoz Ledo demandó que la Cámara de Senadores hiciera suya la petición, de solicitar a la Corte que sesionara durante el presente periodo de receso; sin embargo, en el acuerdo del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, se menciona que el diputado no tiene legitimación para hacer dicha petición.
El recurso de reclamación fue turnado al ministro Javier Laynez Potisek, quien también deberá resolver las impugnaciones que promovieron la mayoría de Morena en el Senado y la Presidencia de la República.
El pasado viernes venció el plazo para que algún ministro de la Corte hiciera suya la petición de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para analizar los recursos de reclamación interpuestos contra el acuerdo del ministro Pérez Dayán.
Cómo ni uno de los ministros lo hizo, el trámite seguirá su curso y se espera que el caso se resuelva durante las primeras semanas de 2019.
El pasado 7 de diciembre, el ministro Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que presentó la minoría del Senado representada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, además del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quienes solicitaron la suspensión.
Pérez Dayán concedió la suspensión que impide que la ley se aplique en dichos términos a comienzos de 2019.
Por esta razón, la ley permanecerá congelada hasta en tanto el Pleno de la Corte se pronuncia si es constitucional o no el estatuto que establece que ni un servidor público federal puede ganar más que el presidente de la República, a quien se le fijó un tope salarial de 108 mil pesos mensuales, tal y como lo propuso López Obrador durante su campaña electoral.
En el acuerdo del ministro Dayán se señala:
Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada (por la minoría de oposición en el Senado) para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia…”
En estos momentos, el Congreso de la Unión debe elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, igual que lo hizo con el ejercicio fiscal 2018, con base a los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, así como tercero transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2009, donde se estableció el sueldo del presidente de la República como tope.
Lo anterior provocó el enojo de Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de deshonestos a los ministros de la Corte y pidió que retiraran el retrato del presidente Benito Juárez que está en el Pleno del Alto Tribunal.
Asimismo, los senadores de Morena criticaron a los ministros de la Corte.
Lo anterior generó un conflicto nunca antes visto con el Poder Judicial de la Federación.
La acción de la inconstitucionalidad fue firmada por Miguel Ángel Osorio Chong, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado Ranauro, líderes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y por el independiente Álvarez Icaza.
