Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene sospechas de que un contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, lo puede auditar. Usualmente esto ocurre cuando la autoridad fiscal observa una discrepancia entre lo que el contribuyente paga o declara y la información contenida en sus bases de datos. Así, el SAT puede hacerle una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, para comprobar que está pagando los impuestos que efectivamente le corresponden según su actividad económica. Sin embargo, esto podría cambiar.
Hace unas semanas, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que desaparecerían todos los inspectores de todas las dependencias federales una vez que inicie su gestión. Hasta ese momento no se habían dado mayores detalles sobre cómo se llevaría a cabo esto. Sin embargo, hace unos días se publicó un video en el que AMLO relata que el 1 de diciembre, al tomar posesión, presentará una iniciativa de la Ley de Responsabilidad Ciudadana, que regulará estas medidas.
López Obrador reiteró que desaparecerán los “inspectores” de todas las dependencias federales (lo que incluye al SAT). De aprobarse por el poder legislativo, la ley suspenderá la vigilancia y la fiscalización de los establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios.
Las empresas tendrán que inscribirse en un padrón que llevará la Secretaría de Economía (SE), aceptando conocer la legislación vigente y comprometiéndose a cumplir con sus obligaciones. La autoridad hará un sorteo cada seis meses, en el que un porcentaje (aún por determinar) del padrón será sometido a una revisión a la que podrán asistir representantes de las cámaras comerciales y empresariales.
Si el resultado de la revisión es favorable, presidencia emitirá un reconocimiento y publicará el nombre del ciudadano en el Diario Oficial de la Federación, en una especie de lista blanca, contraria a la listas negras actuales, que publica los nombres de los contribuyentes incumplidos o que podrían facturar operaciones inexistentes.
Por el contrario, la iniciativa de la Ley de Responsabilidad Ciudadana contempla que los ciudadanos incumplidos en adelante serán revisados cada seis meses. Además se les podrá aplicar las sanciones contenidas en las leyes.
Cabe preguntarnos las inconsistencias que podría haber con los procedimientos que actualmente siguen dependencias como el SAT. Por ejemplo, ¿el sorteo sustituirá el cruce de información que el SAT actualmente hace con sus propias bases de datos o más bien se realizaría de forma paralela? Si se trata de lo primero, ¿cuál sería la efectividad recaudatoria del modelo? Si se trata de lo segundo, ¿entonces no los contribuyentes tendrían un requisito administrativo más que cumplir?
